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El drama shakespeariano sobre la ley para recortar las pensiones de lujo tiene los personajes bien definidos: los malos, representados por los exdiputados del PUSC Rolando Laclé y Danilo Chaverri, políticos de carrera que reclaman “derechos adquiridos” sobre el exorbitante monto de sus jubilaciones; la figura trágica, Rodolfo Piza, el bien visto precandidato socialcristiano quien en un momento de definiciones trató de quedar bien con Dios y con el diablo y se lo terminó llevando el pisuicas; y el actor determinante que hasta ahora ha pasado inadvertido: la Sala Constitucional.
El desenlace de la obra no solo determinará el futuro de las pensiones millonarias de estas controversiales figuras, que son financiadas enteramente por los contribuyentes y contaban con leoninos aumentos automáticos del 30%. Ni tan siquiera se trata de los ¢21.000 millones que el Estado se ahorraría si la ley prospera, ya que eso representa una gota en el océano en cuanto a la clase de ajustes necesarios para reparar las finanzas públicas. En juego está si el país es reformable o no.
Son pocos los actores políticos que, con el fin de evitar una crisis fiscal, no reconocen la necesidad de implementar reformas importantes del lado del gasto, especialmente aquellas que ponen coto a excesos en materia de remuneraciones y jubilaciones. Sin embargo, como vemos con el caso de las pensiones de lujo, estos ajustes irremediablemente afectarán intereses creados.
Para la opinión pública, especialmente para quienes pagan con sus impuestos estos privilegios, son abusos que bajo ninguna circunstancia deben considerarse vitalicios. Pero para los afectados se trata de “derechos adquiridos” que no pueden ser removidos ni siquiera por la Asamblea Legislativa que los creó. La última palabra la tiene la Sala Constitucional, cuya jurisprudencia se ha tendido a decantar por la segunda versión de los hechos.
Sin embargo, tarde o temprano los magistrados tendrán que bajarse de su torre de marfil y caer en la cuenta de que Costa Rica no puede seguir por el derrotero en donde el gobierno pide prestado casi ¢1 de cada ¢2 que gasta. La ficción jurídico-política del Estado social de derecho que la Sala IV ha abrazado no da para que terminemos como Grecia: un país que acabó en la lipidia por considerar como derechos intocables los privilegios que otorgaba a su abotagado sector público.
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