Seguridad: tres errores garrafales

Fernando Berrocal Soto.

Ex Ministro de Seguridad.

Con el cierre de la Policía de Fronteras y de la Unidad Especial Motorizada (UEM), así como con la designación de los mismos asesores y funcionarios en las más altas responsabilidades de la Fuerza Pública que ejercieron esos cargos en el pasado, el gobierno regresó a las concepciones policiales y de seguridad fracasadas de los gobiernos del PUSC. La prueba definitiva se dio en Tres Ríos y Sardinal. En tres meses se han cometido tres errores garrafales que el país pronto lamentará y mucho.

Durante los primeros dos años de este gobierno, para enfrentar la crisis de seguridad nacional y ciudadana que recibimos en mayo del 2006, como el punto de partida no fue que estábamos ante un simple problema de percepciones sino de amargas y complejas realidades, en la Fuerza Pública se aplicó la estrategia de maximizar y concentrar la acción de la policía en objetivos prioritarios y estratégicamente focalizados, definidos por estudios estadísticos sobre el incremento de la violencia criminal, la migración incontrolada por las fronteras, el desarrollo de peligrosas bandas, el aumento del crimen organizado y la gravísima escalada del narcotráfico.

Estrategia y sentido común. Decidimos, como primer objetivo, hacer un gran esfuerzo en las fronteras con Nicaragua y Panamá, a la vez que focalizar la lucha contra la criminalidad en el casco central y los 13 cantones del Gran San José, en donde viven más de dos millones de personas que representan un poco menos de la mitad de la población del país. El tercer objetivo fueron las playas y centros de atracción turística nacional. Así, se refundó la Policía de Fronteras que siempre existió en los gobiernos de Liberación Nacional y se crearon la Policía de Turismo y la Unidad Especial Motorizada (UEM), todas bajo la jerarquía de mando de la Dirección General de la Fuerza Pública. Esas decisiones, mientras se reclutaba en todo el país y se aumentaba gradualmente el número de efectivos policiales y se compraban y repartían las nuevas patrullas, motos y equipos de comunicación a fines del 2006 y principios del 2007, fueron estratégicas y de simple sentido común. A la vez y con la colaboración de Colombia y los Estados Unidos, se inició una guerra sin cuartel contra el narcotráfico y la penetración de las FARC.

Vuelta a errores del pasado. Ahora, las nuevas autoridades, han ordenado el cierre de la Policía de Fronteras y de la UEM. De esta forma, los 2000 efectivos y equipos de transporte que estaban protegiendo la soberanía nacional en la frontera norte y sur, así como las 25 patrullas y 75 motocicletas asignadas a la UEM en el Gran San José, están siendo distribuidos al mejor estilo del pasado con criterios de proporcionalidad en otras regiones, dentro de una concepción burocratizada y expuesta a las presiones políticas de los cantones, sus Alcaldes y Diputados y no de las prioridades objetivas del país y la lucha concentrada y focalizada en regiones conflictivas. De nuevo, las fronteras nacionales han quedado abiertas a la emigración ilegal, el contrabando y el narcotráfico, a la vez que se cierra una unidad móvil y táctica de acción inmediata, gran capacidad de movilización, respuesta y reforzamiento en la región de San José y alrededores en donde viven, insisto, más de dos millones de personas. Dos graves errores estratégicos.

Pero lo más grave, desde el punto de vista democrático y civilista de la seguridad, es que la capacidad de decisión para lanzar gases lacrimógenos y reprimir manifestaciones populares, ha sido devuelta a los oficiales de nivel medio en la Fuerza Pública. En un barrio de Tres Ríos y en Sardinal, en Guanacaste, como en los peores viejos tiempos del Combo del ICE, los oficiales se dieron gusto tirando gases y repartiendo garrotazos contra la población. Durante los primeros dos años de este gobierno, por convicción propia y por tratarse de la Presidencia de un Premio Nobel de la Paz, dispuse estrictamente que la orden de lanzar gases y reprimir por la fuerza, sólo podía provenir del propio Despacho del Ministro, e hice todo lo necesario para que las manifestaciones populares de octubre del 2006 y febrero del 2007 y durante el largo proceso hasta el referendo sobre el TLC, la policía respetara el derecho constitucional de manifestarse. En esos dos años hubo paz. Ahora, esa capacidad de decisión que debe mantenerse al más alto nivel, ha sido transferida de nuevo a los oficiales con mando en el lugar de los hechos. Gravísimo error.

Los dos primeros errores tendrán consecuencias trágicas en la seguridad nacional y en la seguridad ciudadana. El tercero sobre el merecido prestigio internacional del Premio Nobel de la Paz. Los tres errores son garrafales para Costa Rica. En materia de seguridad no cabe la política pequeña. El país está urgiendo un acuerdo nacional, patriótico y transparente, fundamentado en la verdad, entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la escalada de la violencia criminal en nuestras calles y parques. Aún hay tiempo para que el Presidente Arias cumpla esta importante promesa con Costa Rica.

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