viernes, septiembre 23, 2011

La estrategía de Ortega es la de Chinchilla

Para el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) el gobierno incurrió en una irresponsabilidad al firmar el contrato de adjudicación a la empresa APM Terminals el diseño, financiamiento, construcción y administración de la Terminal de Contenedores (TCM) que se hará en Moín, por existir procesos ante los Tribunales contra el acto licitatorio.
Según Liroy Pérez, secretario de prensa de Japdeva, en siete ocasiones la agrupación solicitó conversar con la presidenta de la República, Laura Chinchilla sobre el tema, pero no han tenido respuesta, sin embargo a finales de agosto, cuando se firmó el contrato, que fue enviado a la Contraloría General de la República para su refrendo, la mandataria indicó estar anuente a conversar.

"Nos parece que es muy irresponsable el gobierno al firmar ese contrato de concesión habiendo dos demandas judiciales, muy bien sustentadas en el Contencioso Administrativo.
Nuestra demanda tiene que ver con violación a la norma de Contratación Administrativa, violación a la Constitución Política en materia de monopolio, falta de transparencia, falta de concurso, pues desde el 2009 se sabía que sólo una empresa iba a participar en el proceso de licitación.
Además, es irresponsable al firmar un contrato que le da derechos a la empresa para que posteriormente pueda demandar para el cobro de indemnizaciones, por los supuestos gastos incurridos.
Nada le costaba al gobierno esperar un par de meses, para firmar el contrato, que es el tiempo que durará el proceso en los tribunales para que tuvieran más seguridad para el Estado, para el país.
Ningún tribunal ha dicho que hay luz verde para firmar el contrato. Ningún juez ha dicho que el proceso se hizo bien"

Están desesperados por correr, es una cosa impresionante por firmar sin tener todas las garantías y la seguridad de que todo está bien.
Esta concesión se está haciendo de manera irregular. Hay una carrera desesperada por entregar el patrimonio nacional y la soberanía nacional y negocio más importante del país que es el portuario, a una transnacional poderosa y esa desesperación los ha hecho cometer muchos errores.
Ronaldo Blear: La mayoría estamos indignados y desilusionados con la señora presidenta de la República, porque su promesa de firme y honesta quedó en campaña nada más.

La firma del contrato es una táctica gubernamental pues un proyecto macro no ha sido ofrecido por el Gobierno a los costarricenses. Nos parece que la imagen de la Presidenta no está bien y por eso recurre al estilo de Ortega en el caso de isla Calero a levantar su imagen con esto.
El poder Estado le permite hacer esto, arriesgando las consecuencias que se deriben de esto.

“Nos da mucha pena ajena porque al igual que Oscar Arias Sánchez en el pasado lo hace ella, escuchar a la Presidenta decir que los puertos de Limón están en el último lugar del ránking de América Latina y el Caribe, cuando le hemos explicado a la saciedad que el tema de la eficiencia en movimiento de contenedores ocupamos un honroso 15 de 237 puertos y eso nos preocupa.
Preocupa además que le siga mintiendo al decir que APM dará 8.000 empleados cuando es una vil mentira. En el contrato que firmaron APM en materia de empleos fijos para el 2026 cuando esté la segunda y tercera fase en funcionamiento, tendrán 450 empleos fijos y en la construcción 1000 ocasionales.
Limón no necesita ejemplos temporales sino fijos. Por eso nos duele que la Presidenta siga asesorándose con un ministro que es altamente demagogo, que le miente al país.
Francisco Jiménez al igual que Allan Hidalgo (presidente ejecutivo de Japdeva) dependen de que esta demanda no se les caiga.
Si esta demanda se le cae, como efectivamente va a ocurrir, al día siguiente de la sentencia de los tribunales, Allan Hidalgo y Francisco Jiménez, deben renunciar. Ustedes conocen del problema legal que existe sobre las tierras donde se ubicará la TCM. Castillo: Sí claro, toda esa franja, desde Moín hasta la frontera con Nicaragua está en litigio. Los canales del norte en principio le pertenecen a Japdeva, y hasta 200 metros. Luego está la zona de Moín hasta la desembocadura del río Matina que resulta que el ICT tiene potestades por el tema turístico, pero hay gente es que está viviendo allí, hay restaurante, bares y otros y no se sabe que pasará con esa población, si los reubicarían o expropiarían.